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Incertidumbre jurídica se cierne sobre el sector productivo
Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad, en el entendido que todos requerimos tener confianza en algo, o alguien, para desenvolver nuestra vida con relativa normalidad.
En la vida cotidiana, se supone que el lugar más seguro es nuestro hogar, pues ahí no habrá terceros que nos hagan daño y, de darse la situación, los organismos de seguridad acudirán en nuestro auxilio, sancionando a los culpables del daño causado a la integridad física o patrimonio.
Lo más probable es que en nuestras ciudades estemos lejos de ese ideal, pero en el campo la situación se hace ya insostenible. El productor no está seguro en su predio, pues la normativa actual lo hace vulnerable, así tenga título ejecutorial saneado.
Son varias las razones que coadyuvan a este estado de inseguridad, desde una revisión periódica del cumplimiento de la FES (cada dos años), lo que resta validez legal al título; hasta la posibilidad de que loteadores o tomadores de tierra decidan apropiarse de lo ajeno, a vista y paciencia de autoridades del Ejecutivo y del Judicial.
El país entero se estremeció cuando imágenes parecidas al pasado de Colombia o El Salvador mostraban encapuchados tomando rehenes entre productores, familiares, trabajadores de predios, periodistas y efectivos del orden. ¿Algún sancionado por ese hecho y otros que sucedieron casi en paralelo entre Las Londras, El Encanto y otros predios en Guarayos? Ninguno.
Se dice que estos grupos irregulares están afiliados a los sectores campesino e intercultural de Santa Cruz y que gozan de protección de ciertas autoridades que, en el afán de desestabilizar al INRA y asumir mayores posiciones de poder sobre la tierra, les han prometido suelo público y privado a cambio de apoyo.
No hay pruebas de ello, pero es llamativo que una comisión gubernamental haya suscrito un acta de compromisos con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Dicho convenio, del reciente 12 de agosto, establece el control de la función social coordinado con las organizaciones sociales, la modificación de la ley forestal y cambios en la normativa agraria.
Esta organización sindical y las autoridades suscribientes apuntan a que las tierras de conservación, como reservas forestales y áreas protegidas, se conviertan en disponibles para la dotación exclusiva a este grupo, pasando por alto al Gobierno Departamental, a los Municipales y por supuesto a los otros actores agrarios que tienen representación nacional.
Este compromiso se rubrica para evitar la fiscalización de más de un millón de hectáreas entregadas solo en Santa Cruz, vía dotación para comunidades que extraoficialmente serían “fantasmas” en más del 50% de los casos.
Además, se pretende que las tomas de hecho de predios fiscales y privados sean reconocidas con título de propiedad y, cuando no, que sean las organizaciones sociales por encima del INRA las que accedan de forma irrestricta a los papeles de los productores medianos y empresarios, con el afán obvio de identificación de nuevas áreas de avasallamiento.
Este desequilibrio se produce porque los espacios institucionalizados de resolución de conflictos y de información del proceso agrario previstos en la Ley han sido desechados por el INRA y toda la estructura gubernamental que conforma la Comisión Agraria Nacional y las comisiones agrarias departamentales.
El productor no solo está desprotegido, está amenazado y no existe autoridad que le ponga freno a la situación, porque en el fondo el modelo agrario apunta a extinguir o reducir aún más a la producción mediana y de gran escala. Eso sí, este segmento de productores está intimado a cumplir con la producción de alimentos, bajo permanente amenaza de quitarle su tierra por la vía legal, o por la otra.
Termino recordando cuál es la estructura de la tierra titulada en Bolivia:
- Pequeña propiedad: 22,9 millones de hectáreas.
- Comunidades y pueblos indígenas (Tierras altas y bajas): 23,8 millones de hectáreas
- Mediana propiedad y empresa agropecuaria: 11,9 millones de hectáreas. *Que incluye propiedades de más de 3 Ha, en los valles que producen uva, agrícolas de 50 Ha y un metro cuadrado en el Oriente, agrícolas de 80 ha y un metro cuadrado en el Chaco y ganaderas de 500 ha y un metro cuadrado.
- Tierra fiscal: 27,7 millones de Ha.
*Información oficial del INRA publicada en El Deber el 14 de octubre de 2019
Publicado:
2022-09-02
Fuente: Página Siete
Dr. Cs. Met. Juan L Minetti